La Pena de Muerte

A finales de la semana pasada, dos mareros fueron capturados después de que habían dado muerte a un piloto de bus. Uno de estos individuos expreso, con el mayor descaro, que había asesinado a muchas personas, pero que este crimen lo había perpetrado el otro capturado, como requisito para poder ingresar a la pandilla, y que todo había sido ordenado desde una cárcel. Este suceso trajo a mi memoria el descaro del “celebre” Smiley, quién también confesó, sin la más mínima señal de arrepentimiento, el haber cometido muchos asesinatos.
Lo expuesto pone en evidencia, como dijese un funcionario europeo hace algunos años, que el estado guatemalteco “es un estado fallido”; totalmente incapaz de proteger las vidas de sus ciudadanos.
El catecismo de la Iglesia Católica vigente, promulgado bajo el pontificado de Juan Pablo II, afirma en su artículo 2267: “La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”. Agrega el artículo citado: “Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana”.
Es claro que un estado fallido, como el guatemalteco, no es capaz de proteger la vida de sus ciudadanos, y ante tal realidad, la aplicación de la pena de muerte se convierte en una necesidad, para la preservación del bien común.
Que no nos quieran asustar con el petate del muerto, como dice un viejo refrán, aquellos que, amparados en postulados ideológicos cargados de un humanismo deformado, pretenden la defensa a ultranza de la vida del asesino, menospreciando el derecho a la vida del inocente.